José Luis Regojo Borrás
José Luis Regojo Borrás

Cuando el abuso de autoridad se normaliza

Desde mi balcón, aún no salgo de mi sorpresa al comprobar la repercusión de mi último artículo Cuando el arcoíris se apagó. En él relataba la desafortunada experiencia de una amiga con la policía local de Sta. Cruz de Tenerife. De todas formas, la sorpresa no viene por el número de personas que ha leído el artículo, sino más bien por las que se me han acercado para comentarme experiencias similares de prepotencia policial amparadas por la Ley Mordaza. 

Debido a esas reacciones, hoy quiero compartir con ustedes un caso que ha acontecido donde vivo.

Una mañana, mi vecina Yaiza fue a recoger su coche y vio que tenía una multa. El motivo: las ruedas delanteras pisaban ligeramente la línea del vado. Sorprendida, le hizo una foto y se dirigió a la oficina de la policía local para preguntar por el motivo de esa sanción, más aún cuando el coche no obstruía el paso. Una vez allí, el funcionario de la ventanilla le explicó que, desde el momento en que una rueda sobrepasa la línea, ya es motivo de infracción. 

El diálogo que aconteció a continuación merece ser contado:

—De acuerdo, pero aunque usted me diga esto, yo quiero presentar una reclamación —dijo Yaiza.

—Señora, aquí no se pueden presentar reclamaciones, solo denuncias —replicó el funcionario, sin levantarse de la silla.

—Pero, ¿qué dice usted, por favor? ¿Cómo que no voy a poder poner una reclamación en la policía? Es mi derecho. Deme un impreso, por favor.

—Que no, señora. Aquí no hay eso que usted pide —le contestó con tono cansino desde la distancia.

—Entonces —contestó ella, señalando la puerta—, ¿por qué lo pone en este papel que está enganchado en la puerta?

—¿Qué papel? —contestó el funcionario.

—Si se levantase de la silla, lo podría ver usted mismo.

El funcionario se levantó de mala gana hacia el cristal de la puerta. Leyó el letrero y, sin decir palabra, desapareció hacia el interior de la oficina. Pocos minutos después, un agente alto, fuerte, imponente y armado con su pistola al cinto, apareció desde la calle y se plantó frente a ella.

—Buenos días, ¿qué desea? —preguntó el agente.

—Poner una reclamación.

—Aquí no puede. Para eso tiene que ir al SAC, el Servicio de Atención a la Ciudadanía, o hacerlo a través de la web del Ayuntamiento.

—No, lo siento —contestó Yaiza—. Aquí, en la puerta, pone claramente que ustedes me han de dar un impreso para presentar una reclamación, y eso es lo que quiero.

—Señora, esa multa, seguramente, fue porque el propietario del vado la denunció. Bastante trabajo tenemos ya como para fijarnos en esos detalles.

—Muy bien, yo no le critico a usted ni a sus compañeros. Sin embargo, si no estoy de acuerdo con esa normativa, tengo derecho a reclamar. Es mi derecho y en esta puerta lo pone bien claro.

—Debe de ser algo nuevo. No lo conocía —contestó el policía.

—No lo creo —respondió ella—. Si se fija, el celo está amarillento y el papel medio roto por las esquinas. Ya hace tiempo que está enganchado aquí.

El policía abrió la puerta, arrancó el cartel del vidrio y le contestó: 

—Solucionado, ya no hay papel. Ahora, si quiere reclamar algo, hágalo por la web del Ayuntamiento. Buenos días —contestó.

Se dio media vuelta y se fue. Yaiza, indignada ante esa actitud prepotente, no pudo por menos que callar y marcharse de la oficina ante el riesgo de ser denunciada por ¨falta de respeto a la autoridad¨.

Ya en su casa, consultó el Reglamento General de Circulación en internet y comprobó que el código que constaba en la multa  correspondía a estar aparcada en un cruce, no a pisar la línea de un vado. Presentó el recurso correspondiente, no por la prepotencia del policía (no tenía pruebas ni testigos), sino por el defecto de forma y la inconsistencia de la denuncia entre el código y lo descrito. Al cabo de un par de semanas, el Ayuntamiento respondió con una negativa burocrática.

En definitiva, este episodio, independientemente de la resolución final, refleja que seguimos viviendo en un país donde parte de las fuerzas del orden no está al servicio de la ciudadanía y se ampara en una ley antidemocrática, como la Ley Mordaza, para envalentonarse, humillar y actuar de forma prepotente ante los mismos ciudadanos que, con sus impuestos, pagan sus sueldos de funcionarios públicos.

Y mientras tanto, seguimos escuchando el mismo mantra: ¨La Ley Mordaza no va contra los ciudadanos de a pie¨, afirmaron los legisladores del Partido Popular en julio de 2015 cuando la aprobaron en solitario. ¨Solo va contra los independentistas y violentos¨, como mi vecina...

… Y el PSOE, por su parte, sigue prometiendo derogarla desde hace una legislatura y media. La pregunta es: ¿esperarán a que el cartel de sus promesas también se amarillee de sol?

Si te ha gustado este artículo, puedes leer el anterior: Cuando el arcoíris se apagó

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